El texto, que se hizo público a través de la Comisión Europea (CE) después de meses de negociación a puerta cerrada, no prevé cortes ni confiscaciones de material para los usuarios de la red.
Tampoco se estipula que los proveedores de acceso a internet informen a las autoridades automáticamente de los usuarios que descargan y comparten archivos protegidos, una información que tan sólo estarán obligados a dar cuando medie autorización de un juez.
El propio Parlamento Europeo (PE) había mostrado sus reticencias a una posible generalización del castigo a los internautas que intercambian archivos protegidos, en una resolución aprobada el pasado 12 de marzo por 663 votos a 13.
El comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, se ha mostrado "satisfecho de que la Unión Europea (UE) haya convencido a sus socios comerciales de hacer público el borrador", ha informado en un comunicado.
Según de Gucht, "el texto aclara de lo que trata el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, en sus siglas en inglés): de proveer a la industria y a los creadores de una mejor protección fuera de sus fronteras, esencial para las empresas y los propios ciudadanos europeos".
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